Organizaciones de Canadá y el mundo han estado trabajando para generar consciencia sobre las devastadoras consecuencias sociales y ambientales asociadas con frecuencia a las operaciones de las compañías de explotación minera canadienses en otros países. Un reciente informe parlamentario invita al gobiernom a:
1) parar de usar el dinero del contribuyente para apoyar proyectos mineros canadienses destructivos en el exterior;
2) considerar a las compañías de explotación minera canadienses legalmente responsables de las violaciones de los derechos ambientales y humanos en otros países, y;
3) forzar al Banco Mundial a respetar estándares internacionales de los derechos humanos.
Al gobierno le quedan cerca de 60 días para responder, pero no quisiera nada más que barrer el informe debajo de la alfombra. La acción es necesaria para presionar al gobierno a adoptar las recomendaciones del Parlamento y para tratar inmediatamente los escándalos internacionales en curso asociados a la industria de explotación minera canadiense.
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